Debido a la controversia generada entre los gremios médicos, las instituciones del sector y los usuarios, el Ministerio de la Protección Social inició ayer la reglamentación de los decretos de la emergencia social y presentó los primeros borradores del Decreto 131 que regula la actuación de los médicos y reglamenta el Plan Obligatorio de Salud (POS).

El sector salud se ha convertido en una bomba que puede explotar en cualquier momento, con serias consecuencias sobre la salud pública. Es evidente que se necesitan mayores recursos, y que tanto el público como los jueces han abusado de la capacidad del sistema para atender los problemas básicos de salud y han extendido, de hecho, el alcance de lo que obligatoriamente deben atender los proveedores de servicios de salud, mucho más allá de lo que puede financiar el sistema en su conjunto o las instituciones y entidades, en forma individual.

Adicionalmente, los pagos que le debe hacer el Gobierno a estas entidades a través de Fosyga no se reciben oportunamente, y el fondo les debe billonarias sumas, parte de las cuales no va a pagar nunca.

En efecto, uno de los aspectos más criticados de estas normas de Emergencia Social han sido los nuevos impuestos que han creado. No puedo hablar sobre el impuesto a la cerveza, pero no estoy impedido para discutir el de los cigarrillos, que fue reformado de una manera caprichosa sin atender argumentos de los afectados.

En un comunicado, la Academia de Medicina expresó su profunda preocupación por motivo de los decretos y consideró que estos son un grave “atentado contra la medicina como ciencia y profesión. Atentado que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática”.